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Los privilegios de la elite, no los pierden ni cuando delinquen


A poco más de un año, junio del 2023, de que Eduardo Macaya Zentelli, fuera detenido y formalizado por cuatro delitos de abuso sexual, el pasado 19 de julio el Tribunal Oral en lo Penal de San Fernando, condenó al padre, del actual senador de la derecha tradicional por la región de O’Higgins Javier Macaya Danus, a seis años de cárcel efectiva como autor de cuatro delitos de abusos sexual reiterado en contra de dos menores de edad, pero tres días después, la Corte de Apelaciones de Rancagua reemplazó por arresto domiciliario total la medida cautelar y el condenado regresó a su residencia en Placilla (ahora, ante el escándalo y presión pública, deberá regresar a la cárcel para cumplir la pena efectiva, mientras se resuelven los recursos judiciales de su defensa). Sentencia que no coloca fin al tema, por el contrario, el caso está lejos de salir de la agenda pública y su onda expansiva no da señal de acabarse pronto, tiene como primeras secuelas la renuncia de su hijo a la presidencia de la UDI y una serie de manifestaciones feministas virtuales y presenciales que se han estado realizando estos días.

Es imperioso señalar algunos antecedentes que confluyen en esta molestia generalizada de la ciudadanía, especialmente de los movimientos feministas, defensores de los derechos de la niñez y de quienes han tenido una lucha permanente para que no se dejen impune los casos de violación y abuso sexual.

Uno de los antecedentes, que causa indignación en la ciudadanía, por cuánto expone que no todos somos iguales ante la ley, es lo referente a los privilegios que el condenado habría tenido en la cárcel de Rancagua los días que estuvo ahí y que hoy son materia de un sumario administrativo ordenado por el Gobierno, y que para la ciudadanía confirman la existencia de una justicia desigual y un trato preferente a personas de mayores recursos o parte de la elite conservadora cuando les toca enfrentar la justicia. El medio de comunicación El Mostrador consigna el ingreso del condenado sin esposas ni peto amarillo tras su condena, sin permanencia en los pabellones comunes sino en la enfermería por su edad y condición de diabético, luego de una evaluación inicial de Gendarmería y que fue visitado por su pareja, todos sus hijos y familiares más cercanos en un sector exclusivo para los oficiales de Gendarmería.

Se suma a esto las declaraciones y acciones realizadas por el actual senador, e hijo del acusado, Javier Macaya, cuyo desafuero se grita en las calles, antes, durante y después de la sentencia de su padre. Recordemos que una vez conocido el caso (junio de 2023) este declaró públicamente “Tenemos la convicción de que se trata de una acusación falsa”, lo que se contradice totalmente con lo que hoy señala y dónde asegura que «siempre» les creyó a sus sobrinas. Durante el proceso, dijo no ser parte de la estrategia jurídica de la defensa, aunque hoy se devela su participación como testigo de la defensa, con una declaración tendenciosa que desprestigia el contenido de la información y a la persona que la entregaba, en un claro ejemplo de culpabilizar a las víctimas y defender al agresor, su padre. Según lo que consta en el fallo, en el acápite denominado “alegaciones de la defensa que nos hemos hecho cargo previamente”, existe un párrafo donde se hace cuestionamientos en contra de una de las víctimas, realizados por los tres hijos del empresario: Eduardo, Constanza y Javier “Cabe hacer presente que, tanto el acusado
como los hijos de éste, Constanza, Eduardo y Javier (…) efectuaron cuestionamientos respecto de la conducta de NN. Fue así como señalaron que es una ‘niña agrandada’, pues desde pequeña usaba teléfono celular, tenía Instagram, hacía Tik Tok bailando y publicó en una red social una fotografía en la que aparecía con un pañuelo verde apoyando la causa pro aborto…” Para la abogada María Barra Díaz, querellante por la Defensoría de la Niñez, se trató de insertar un relato respecto de la credibilidad y dignidad de la víctima, cuestionando su personalidad, su vida e historia vital. A este intervencionismo, se suma lo revelado por CIPER, sobre dos llamadas realizadas por el senador al Defensor de la Niñez, Anuar Quesille, querellante, y por tanto interviniente, en la causa judicial de su padre, con el fin de saber “en qué estaba el caso” y plantear que “esto era un tema político”. Finalmente, y que antecede a su renuncia a la presidencia de la UDI, dada la presión ejercida de diversos lados, están sus declaraciones en el programa “Mesa Central” de Canal 13 donde pese a asegurar el respeto a las decisiones judiciales, cuestionó la firmeza de la sentencia y el origen del caso, dado que el video, principal prueba de la causa, para él es “un video editado”, tomado “sin consentimiento” del agresor y en su ámbito familiar.

Qué será de todas estas niñas y niños abusados
Los pormenores de este caso revisten una gravedad mayúscula en consideración a qué los avances legislativos y culturales en temas como abuso sexual y violencia de género son insuficientes aún para contrarrestar las cifras en alza. La Comisión de la Familia, Infancia y Adolescencia abordó, en marzo de este año, las cifras de abusos sexuales infantiles en el país, conociendo, de acuerdo a lo informado por el Director de la Unidad Especializada en Delitos
Sexuales y de Explotación Sexual del Ministerio Público, Maurizio Sovino, una cifra de delitos denunciados en esta materia de 40.074 a nivel país en 2023. Asimismo, las cifras entregadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito dan luces de un escenario complejo respecto a los delitos de abusos sexuales y otros de carácter sexual en niños, niñas y adolescentes, puesto que en los últimos 10 años la cantidad de víctimas que denuncian abusos sexuales mantienen la tendencia al alza; cifras que sin duda no reflejan la cruda realidad de esta problemática país.

Nos queda expresar, por último, que, frente a las circunstancias y cifras, pertinentes a este caso, es absolutamente antihumano, y no se puede permitir, instalar y visibilizar comunicacionalmente discursos que perpetúan el miedo y la injusticia hacia las víctimas de delitos sexuales y que no sólo invisibiliza el daño psicológico y físico que cargan quienes sufren abuso sexual sino también la responsabilidad exclusiva de el o los perpetradores. Discursos que instan a las víctimas a no denunciar porque no se les cree, porque se instalan prejuicios sobre ellas, porque serán re victimizadas una y otra vez, porque el entramado legal permite a los acusados sucesivos recursos que dilatan los procesos y a veces terminan sin pena efectiva y porque, simple y sencillamente, sienten que están en desigualdad de condiciones en relación a sus victimarios y ante la ley. Es de fundamental importancia que la sociedad, en su conjunto, y específicamente en este caso, las autoridades y representantes políticos mantengan una postura clara contra los delitos sexuales, especialmente aquellos contra menores, quienes requieren máxima y especial protección por ser uno de los segmentos más vulnerables de nuestro país y el futuro de la humanidad.

“En cada niño nace la humanidad, pero qué será de todos estos niños que se enfrentan cada día precisamente a esa falta de humanidad” (Jacinto Benavente)

Redacción colaborativa de Ricardo Lisboa Henríquez; M. Angélica Alvear Montecinos; Guillermo Garcés Parada; Sandra Arriola Oporto y César Anguita Sanhueza. Comisión de Opinión Pública